En el marco de la Sesión Inaugural del 148° Período Legislativo provincial, el gobernador de Martín Llaryora anunció una inversión superior a 40 mil millones de pesos destinada a fortalecer el sistema de seguridad en la provincia de Córdoba.

El mandatario sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere respaldo legislativo y herramientas tecnológicas. En ese sentido, adelantó que enviará un proyecto de Ley “Antibúnker” o “Antiaguantaderos”, orientado a desalojar inmuebles ocupados ilegalmente por organizaciones delictivas y restituirlos a sus propietarios o destinarlos a uso social. “La lucha contra el narcotráfico la estamos dando en todos los niveles y seguimos necesitando herramientas legislativas”, expresó.

Llaryora también hizo referencia a la incorporación de tecnología como parte central de la estrategia preventiva. Señaló que el uso de sistemas basados en drones y equipamiento de características avanzadas responde a requerimientos de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. “Obstruir la compra de tecnología es negarle a la gente la posibilidad de que esos delincuentes terminen entre rejas”, afirmó.

En el plano presupuestario, confirmó una inversión histórica de más de 40 mil millones de pesos para ampliar centros de monitoreo, instalar cámaras con lectura de patentes, controles de velocidad, tótems de seguridad en espacios públicos y sumar inteligencia artificial a los sistemas preventivos.

Además, anunció la compra de 500 nuevos vehículos destinados a la Policía, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), guardias urbanas y el programa Cordobeses en Alerta.

En relación con la organización territorial, destacó avances en el Plan de Territorialidad judicial-policial en la Capital y el Gran Córdoba, donde se definieron 27 distritos para asignar responsabilidades claras a fiscales y comisarios. Actualmente funcionan 12 y se prevé completar el esquema durante el año.

El gobernador también confirmó el envío de una ley de protección integral de víctimas del delito, que ordenará derechos, garantías y mecanismos de asistencia y reparación. Propuso que la norma lleve el nombre de Joaquín, en reconocimiento al reclamo de la familia Sperani.

En materia penitenciaria, anticipó la creación de un régimen específico para detenidos de alto perfil criminal y la finalización del CEMAX, la primera cárcel de máxima seguridad de la provincia.