La política de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno de Córdoba permitirá que alrededor de 900 mil millones de pesos regresen a la economía provincial. La medida se da en un escenario nacional marcado por el ajuste fiscal y la caída de recursos destinados a provincias y municipios.

El esquema ya comenzó a reflejarse en los cedulones que recibieron los contribuyentes, con un impacto directo en el impuesto inmobiliario. Según se informó, el 40% de los propietarios pagará este año un 25% menos que en 2025, mientras que un 11% abonará exactamente el mismo monto. En tanto, el resto de los contribuyentes tendrá una actualización por debajo de la inflación proyectada, estimada en torno al 28%.

Además del inmobiliario, la Provincia avanzó en la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos para pequeños comercios y mantiene exenciones impositivas destinadas a favorecer la producción. El objetivo central de estas medidas es estimular la actividad económica y aliviar la carga fiscal sobre distintos sectores.

Al analizar el contexto general, el gobernador Martín Llaryora sostuvo que el ajuste aplicado a nivel nacional tuvo un impacto más fuerte en los gobiernos subnacionales y en la población. “Somos quienes más recursos perdimos en manos de la Nación y, al mismo tiempo, quienes estamos cubriendo servicios y programas sociales esenciales que fueron suprimidos”, expresó.

En ese marco, el mandatario remarcó que la Provincia tomó la decisión de sostener áreas consideradas clave como salud, educación e infraestructura. Según explicó, no es posible pensar en desarrollo económico sin inversión pública ni generación de empleo, aun en un escenario de restricciones financieras.

Para sostener estas políticas, el Gobierno provincial adoptó decisiones en materia fiscal con el objetivo de garantizar el superávit y asegurar la continuidad del crecimiento. Entre las medidas implementadas desde el inicio de la gestión, se destacó la reducción de estructuras gubernamentales y el congelamiento de los salarios de la planta política, una política que continuará vigente hasta que mejoren las condiciones económicas.

“Gracias a esas decisiones hoy podemos aliviar la presión tributaria y dinamizar la economía provincial”, afirmó el gobernador, al referirse a los efectos de la reducción impositiva.

Finalmente, Llaryora subrayó el impacto directo que estas medidas tienen en la economía cotidiana. “Cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real”, sostuvo, y agregó que el objetivo no solo es sostener el consumo y la producción en Córdoba, sino también aportar a una eventual recuperación de la economía nacional.